En Córdoba nunca se gana para sustos

Por Salvador Treber *

Hace poco se introdujeron en la Provincia algunas modificaciones al régimen tributario vigente, con el objeto de allegar fondos adicionales que, en el mejor de los casos, permitirían atender a duras penas, a fin de año. Lo alarmante es que las soluciones propuestas pueden llegar a acentuar el lamentable estado de las cuentas actuales. El año 2008 se ha transformado en una pesadilla para el Gobierno provincial y también para su población. Al verdadero “agujero negro” de la Caja de Jubilaciones, cuya gravedad en aumento veníamos advirtiendo desde bastante tiempo, debe agregarse, con no menos preocupación, el lamentable estado en el que se encuentran las cuentas en la administración central. Haciéndose eco de ello, hace poco se introdujeron algunas modificaciones al régimen tributario vigente, con el objeto de allegar fondos adicionales que, en el mejor de los casos, permitirían atender a duras penas, a fin de año. De acuerdo con informaciones que trascendieron por vía de los medios, piensan hacer otros cambios destinados –según sus
autores– a eliminar angustias en 2009. Lo alarmante es que las soluciones propuestas pueden llegar a acentuar el cuadro preexistente. Sólo sectores interesados en sacar ventajas o la ineptitud de ciertos funcionarios, que optaron por rebuscar en el baúl de trastos viejos y desechos tributarios rechazados por todos 15 años atrás, explican que reactualicen falsas ideas como si fueran creativas o “novedosas”. En realidad, lo trascendido, especialmente en cuanto a las probables variantes en materia del Impuesto a los Ingresos Brutos, de concretarse, constituirá un seguro viaje al infierno: lejos de generar una mejoría, producirían una verdadera explosión en varios aspectos. Resulta evidente que sus promotores han elaborado semejante proyecto con muy escaso análisis y nula noción de lo que ello supone. No puede sorprender que el primer epígono de la iniciativa que ganó la pantalla televisiva, para fundarla, estuvo a cargo de un empresario –industrial él– y no de un responsable técnico oficial de dicha área. Ponderó la bondad de sustituir el régimen del Impuesto a los Ingresos Brutos actual por un tributo que grave sólo en la última etapa; es decir, la minorista. Además de evitar que se aplique la alícuota del uno por ciento, recientemente reincorporada a su sector, sostuvo que actualmente, por recaer sobre todas las etapas, genera el llamado “efecto cascada” y se acrecienta sensiblemente el peso de la carga nominal cuando los productos llegan a manos del adquirente final del circuito. El intento de Cavallo-Tacchi. Lo dicho es cierto; no ha descubierto nada. Lo que parece ignorar es que ya hubo otro intento similar al momento de suscribirse el primero y luego el segundo pacto Nación-provincias, el 12 de agosto de 1992 y el mismo día de 1993. La dupla constituida por el entonces ministro de Economía Domingo Cavallo y su secretario de Ingresos Públicos Carlos Tacchi, que no eran demasiado duchos en esta materia específica, obligó a los 24 gobernadores y al entonces intendente de la ciudad de Buenos Aires que suscribieran lo que ahora exhuma Córdoba, de eliminar la imposición a la industrial y el comercio mayorista, aplicando una tasa única de 5,6 por ciento a los minoristas; estimando que ello permitiría equiparar el rendimiento que se venía logrando.
Es evidente que, salvo que estén animados de intenciones suicidas o tengan una ignorancia supina; la iniciativa puede acarrear consecuencias catastróficas. En aquel momento de la década de 1990, pese a las múltiples presiones que se sufrieron, nadie se tragó el anzuelo y, respaldados por el dictamen de un equipo técnico de la provincia de Buenos Aires, el cual logró el inmediato apoyo activo de varias más, rechazaron airadamente esa exigencia. Las conclusiones y sus fundamentos que las jurisdicciones, en forma unánime, se negaron a cumplir seguramente sin saber sus derivaciones, suponían que eran conocidas por desprevenidos gobernadores. En resumen: ninguna acató lo dispuesto por el tándem Cavallo-Tacchi. La resistencia. ¿Por qué? La causa de esa resistencia era más que valedera. Tanto la administración como la recaudación del Impuesto a los Ingresos Brutos, que regía antes y continúa vigente, obtiene casi 80 por ciento del total en un reducido número de grandes y medianas empresas –en Córdoba alrededor de dos mil– que aseguraban el resultado sin grandes dificultades. A ello se agrega que los datos más relevantes pueden cruzarse con los que surgen de las declaraciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Por el contrario, de adoptarse el criterio redescubierto en estos días, liberaría a industriales y mayoristas para trasladarlo exclusivamente a las ventas finales. Ello implicará que se extendería la tarea a controlar muchas decenas de miles de pequeños comerciantes y prestadores de servicios que no llevan registros ni guardan comprobantes en forma ordenada; además de figurar como cuentapropistas en el orden nacional. La verificación se hace compleja, costosa y abre brechas enormes a la evasión. El esquema en perspectiva se aplica en los diversos estados –equivalentes a provincias– de Estados Unidos, pero para “darse ese lujo” se requiere una administración aceitada y eficiente que nosotros estamos muy lejos de contar. El análisis sobre las posibles consecuencias en este aspecto, realizado en 1992/93, llegó a la contundente conclusión que entonces impulsaba la Nación: exigiría elevar a no menos de ocho por ciento la alícuota que debían aplicar, luego de computar el crecido margen de incumplimiento que habría en tales condiciones, para conseguir una recaudación semejante. Como por aquellos tiempos eran sensiblemente menores que los vigentes, no sería nada difícil que, en las circunstancias actuales, la alícuota que aseguraría por lo menos los mismos ingresos rondaría 12 por ciento sobre el monto de cada venta final.
Un segundo IVA. En el expectante escenario de nuestro mercado interno, con crecientes presiones inflacionarias, puede equivaler a una irresponsabilidad como la de arrimar una mecha encendida a un barril de pólvora. Y ello sucedería sin la más mínima certeza de que los empresarios, liberados de pagarlo en las etapas precedentes, bajarán efectivamente en la misma medida sus respectivos precios de comercialización. La experiencia, tanto externa como doméstica, enseña que en tales condiciones no lo hacen y aprovechan para mejorar su rentabilidad, no rebajando ni un ápice; por lo cual, se agregaría un peligroso condimento adicional a la problemática que está viviendo el país y, por supuesto, la Provincia... Tampoco lo resuelve en su aspecto recaudatorio implementar retenciones exigibles de gran magnitud en cabeza de los proveedores cuando venden a los minoristas, pues esto, como lo señalara nada menos que el eminente especialista Richard Musgrave, marcando un gesto de enérgico rechazo, implicaría diseñar implícitamente un segundo y paralelo IVA. Por si todo esto fuera poco, sería la única jurisdicción que opta por este cambio; situación que la pondría al margen del Convenio Multilateral que es obligatorio para las 24 provincias e incluso sus municipios; provocando una considerable pérdida no sólo en cuanto a rendimiento, sino en aspectos de operaciones interprovinciales. Debe tenerse bien en cuenta que actualmente ingresa por vía de dicho tributo alrededor de 4/5 partes de todos los recursos propios de esa naturaleza y que un paso en falso en esta materia pondría en una situación muy delicada, virtualmente de cesación de pagos, a su harto endeble Tesorería. Jugar con fuego. Es obvio que no se transita un momento oportuno para jugar con fuego y que “nuevas” ideas, como la analizada, suponen un altísimo riesgo. Santa Fe, Mendoza y Buenos Aires han introducido prudentes modificaciones con incremento de alícuotas o volviendo a gravar al sector manufacturero; con el común objetivo de elevar la rentabilidad de sus ingresos.
En cuanto a las eventuales posibles innovaciones en el Impuesto Inmobiliario, especialmente el Rural, las valuaciones permanecen sin modificarse desde 1993 y debido a una ley, votada durante la gestión precedente, han sido postergadas hasta el año 2010. Así también se anuncian retoques que evitan encarar el problema en su médula, y prefieren apelar a subterfugios y rodeos destinados a elevar, en alguna medida y con supuesto mayor disimulo, su cuantía total. El flamante adicional que recae sobre las propiedades rurales es de poca monta y está afectado a la construcción, mejoras de la infraestructura o logística que utiliza prioritariamente dicho sector. Constituye, en su esencia, un penoso ejemplo de falta de solidaridad social ya que de esta forma se desentiende de coadyuvar a la atención de necesidades básicas del resto, como salud y educación. Ahora se habla de estudiar la posibilidad de que, en vez del valor de la tierra se tome como base imponible su diverso rendimiento. Otra prueba de la ignorancia con que se opera sobre una faceta tan delicada es desconocer que aquellas resultan de un cálculo que surge de la capitalización de la respectiva tasa anual de productividad. El concepto más elaborado sobre el tema está referido al uso de la “renta normal potencial” como elemento indiciario básico. En Uruguay se lo hace adoptando a ese efecto una renta real presunta, estimada en kilos de carne y lana por hectárea. “Regalo” al campo. En consecuencia, todas estas propuestas técnicamente inconsistentes tratan de mantener sin tocar la rebaja generalizada de 30 por ciento y valores retrasados que en el corazón de nuestro campo, llegan a nada menos que ¡150 veces! Ese cuantioso “regalo” aportó muchos votos a quien la promoviera en su momento y, obviamente, más usufructo en términos políticos. La actual administración es la que está recibiendo las bofetadas por causa de los desatinos cometidos. Pero los que siempre los pagan, en definitiva, son los que integran las capas más numerosas y humildes de la población.
En economía no hay regalos, pero es absurdo esperar que algo bueno caiga del cielo, salvo la lluvia cuando es de intensidad medida. Lo que se ha transferido a modo de “premio” a los propietarios de inmuebles rurales y urbanos se les ha sacado del bolsillo a los sufridos consumidores. ¡En guardia, han irrumpido elefantes en el bazar! Y amenazan hacer un desastre... (*) Viernes 5 de setiembre de 2008. © La Voz del Interior